Estimados amigos:

Durante las próximas décadas nuestra sociedad se enfrentará a muchos retos. Las predicciones de cambio climático, avaladas por los más prestigiosos comités científicos, y el agotamiento paulatino de las reservas de combustibles fósiles obligarán a cambiar nuestro modelo energético migrando hacia un mix más bajo en carbono. Este cambio debe entenderse como una oportunidad para nuestro país dado que España, que no dispone de reservas de petróleo ni de gas natural, depende en más de un 80% de las importaciones para satisfacer su demanda energética. Ello supone que más de la mitad de nuestro déficit comercial se debe a las compras de energía.

El escenario es claro y todos los actores coinciden en que debe producirse una fuerte evolución de nuestro modelo energético, tanto por nuestros compromisos medioambientales (España es el país europeo más alejado de los objetivos de Kioto) como por una necesidad de asegurar un suministro energético que, hoy por hoy, depende de otros países con el poder sobre nuestra economía que ello conlleva.

La nueva Directiva europea de renovables ha marcado ya la dirección a seguir, un camino que España comenzó a recorrer ya hace tiempo: para 2020 el 20 % de la energía debe provenir de fuentes renovables y 10% de la energía utilizada en el transporte también debe provenir de fuentes limpias. Este es un objetivo vinculante para los distintos Estados Miembros y supone un fuerte impulso institucional a las energías limpias.

Nuestro país posee una industria desarrollada en los últimos años que, actualmente, se encuentra en la encrucijada. Si se tienen en cuenta los ambiciosos objetivos europeos y se trasponen a la legislación nacional, podremos aprovechar la oportunidad; si, en cambio, no se logra establecer un marco regulatorio estable a largo plazo para permitir florecer esta industria, la oportunidad de liderar el cambio de modelo energético pasará de largo.

Para conseguir aprovechar esta oportunidad histórica que tiene España, el Gobierno y las Cortes Generales tienen dos buenas herramientas: el nuevo Plan de Acción Nacional y la prometida Ley de Renovables. El Plan de Acción Nacional de Renovables 2011-2020 marcará los objetivos específicos de las distintas tecnologías renovables para conseguir alcanzar ese 20% global y la Ley de Renovables, sobre la que APPA y Greenpeace han presentado conjuntamente su propio anteproyecto, puede dotar al sector de un muy necesario marco jurídico a largo plazo.

Estamos inmersos en la evolución hacia un mejor aprovechamiento de los únicos recursos energéticos autóctonos que dispone nuestro país: las energías renovables. Los productores de energías renovables estamos preparados para asumir el reto marcado por Bruselas: asegurar el suministro energético del país reduciendo a la vez las emisiones de gases de efecto invernadero y generando riqueza y empleo en nuestro país.

Atentamente.