La Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA denuncia la precipitación, ausencia de consenso y falta de planificación de la subasta renovable. Una subasta que perpetúa la inseguridad jurídica incluso para los proyectos que aún no se han presentado, pues la “rentabilidad razonable” no tendrá un valor fijo a lo largo de la vida útil de los mismos. La variabilidad de un parámetro tan importante viene a sumarse a la innecesaria complejidad de la subasta.
Sin consenso con el sector
Tras las vacaciones de Semana Santa, el sector renovable ha conseguido juntar todas las piezas necesarias para conocer los detalles de la nueva subasta de potencia renovable, menos los detalles que han sido recogidos en la “cláusula confidencial” de la Resolución 4094.
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha desoído la experiencia del sector renovable y ha apostado por una subasta que exclusivamente valora el coste para el sistema independientemente de la tecnología, creando de esta manera una falsa sensación de “neutralidad tecnológica”. Al no contemplar las diferentes características de las fuentes renovables y no establecer subastas específicas por tecnologías, el Ministerio obvia importantes beneficios de un mix renovable diversificado como pueden ser la seguridad de suministro, la gestionabilidad de la producción o el desarrollo armonizado del sector renovable. España es un país privilegiado en cuanto a sus recursos renovables y este sistema de subastas dificulta un óptimo aprovechamiento de estas energías limpias y autóctonas.
La subasta, de una complejidad innecesaria, genera aún más incertidumbre al sector renovable al establecer una “rentabilidad razonable” que no se mantiene fija a lo largo del tiempo. “No se pide una rentabilidad mayor o menor, lo que se pide es que se clarifique cuál va a ser esa rentabilidad para que las empresas puedan tomar la decisión correspondiente y ejecutar las inversiones con la información más completa posible”, explica José Miguel Villarig, presidente de APPA.
Yincana renovable
Tras una moratoria que ha durado cinco años, en la que España ha perdido su posición de liderazgo en el sector renovable internacional, la subasta de 2017 se compone de 4 textos que han hecho complicado su seguimiento (RD 359, Orden ETU/315 y las Resoluciones 4094 y 4095). Este hecho, sumado a la “cláusula confidencial” de la Resolución 4094 dota de oscurantismo a una subasta especialmente compleja.
Si el Ministerio opta por valorar únicamente el precio de la energía, debería hacerlo de una manera más sencilla. La subasta realiza una compleja valoración de la inversión realizada, las horas previstas de producción y la potencia, algo que complica de forma innecesaria el proceso. “Este mecanismo tan complejo responde, de nuevo, a la improvisación a la que tristemente nos hemos acostumbrado en el sector renovable”, reflexiona Villarig, “escoger el precio como principal variable es potestad del legislador pero no se entiende cuál es la razón de complicar toda la subasta sin necesidad”.
Obligación a falta de estrategia
La subasta se produce sin que se conozcan los siguientes pasos de nuestra planificación energética, dado que los 2.000 MW (o 3.000 MW) no parecen suficientes para que España alcance sus objetivos vinculantes para 2020. Según las estimaciones del propio Gobierno, establecidas en la Planificación Energética de octubre de 2015, eran necesarios más de 8.500 MW para alcanzar los objetivos europeos del 20-20-20.
Es importante recordar que, en 2016, se instalaron en todo el mundo 138,5 GW de nueva potencia renovable. Un incremento mundial de nueva potencial del 9% que se ha conseguido con un 23% menos de inversión debido a la reducción de costes.
España tiene un grave problema de dependencia energética que lastra nuestra balanza comercial. Las importaciones energéticas de nuestro país alcanzan el 72,8% (2015). Una dependencia 19,4 puntos porcentuales mayor que la media de la Unión Europea (53,4%). Las energías renovables son las únicas fuentes autóctonas que pueden reducir nuestra dependencia energética y, simultáneamente, contribuir a alcanzar los objetivos de descarbonización.
Desde APPA se reclama la necesidad de reconocer las energías renovables como un pilar estratégico para nuestra economía, no enfrentar a tecnologías que son necesarias para reducir nuestra grave dependencia del exterior y dejar de establecer mecanismos complejos y enrevesados que condicionen su correcto desarrollo.