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España es un país fuertemente dependiente de las importaciones energéticas. Esta dependencia, que se sitúa en torno a un 73% y que en 2015 alcanzó los 26.000 millones de euros, lastra todo nuestro entramado empresarial. La seguridad de suministro deberemos articularla alrededor de la reducción de la dependencia energética del exterior, que sólo podremos reducir potenciando aquellos recursos autóctonos que poseemos, especialmente recursos renovables: sol, viento, agua y territorio, éste para fomentar biomasa y biocombustibles. España es un país privilegiado en estos recursos, a los que puede unir su liderazgo tecnológico en todo lo referente al sector de las energías renovables.

La gran mayoría de la energía primaria utilizada en España proviene de combustibles fósiles altamente contaminantes (petróleo, gas y carbón), a los que habría que añadir la generación nuclear que produce residuos radioactivos. Si no reducimos nuestra dependencia energética con una mayor penetración de energías renovables en nuestro mix energético, no alcanzaremos nuestros objetivos comprometidos con la UE de conseguir una penetración de energías renovables del 27% en 2030 y, muy posiblemente, tampoco los objetivos de alcanzar el 20% de renovables y del 10% en el transporte en 2020. Ello también pondría en peligro nuestro compromiso derivado de los Acuerdos de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la COP21 de París, celebrada a primeros de diciembre de 2015 y firmada por 195 países, entre ellos España, cuyo objetivo principal es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y hacer todo lo posible para mantener el calentamiento global “muy por debajo de 2 grados C”. La COP22, que tuvo lugar en Marrakech del 7 al 18 de noviembre de 2016, ha dado soluciones a las decisiones tomadas en París.

Las energías renovables, entre otros muchos beneficios, reducen las emisiones de gases de efecto invernadero al no generar CO2, a la vez que también garantizan un suministro energético autóctono y seguro, sin dependencia de recursos o tecnologías externos. En este sentido, la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 establece un marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes renovables. En estos momentos está en revisión la nueva Directiva de renovables, cuya propuesta ha sido presentada por la Comisión Europea y que en los próximos meses tendrá que pasar por el Parlamento Europeo y finalmente ser aprobada por el Consejo europeo.